La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Ceacr) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificó "la vigencia de los reclamos" de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) respecto de "las violaciones a la libertad sindical", en un informe anual que analizó "el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en relación con los instrumentos que oportunamente ratificó cada uno".

El informe del organismo laboral tripartito mundial observó en el caso de la Argentina que aún existe ausencia de cumplimiento de "las disposiciones del Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de agremiarse", y realzó "la existencia de numerosas incompatibilidades entre el texto de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 y las obligaciones fijadas por el Convenio 87", informó el sindictato ATE.

Según el titular de la Asociación Trabajadores del Estado, (ATE), Hugo Godoy, el informe de la OIT expresó que "los artículos 28, 29, 30, 38, 48 y 52 de aquella norma determinan facultades exclusivas a favor de los sindicatos con personería gremial y dificultan el ejercicio de la libertad sindical a las entidades que no tienen ese reconocimiento, lo que es contrario al Convenio 87", indicó un comunicado de prensa.

"El cuestionamiento fue formulado por la Comisión de Expertos durante los últimos 30 años y motivó que en tres ocasiones el caso argentino fuese analizado en la Comisión de Normas -la principal- de la OIT. Las críticas de los órganos de control del organismo laboral fueron asumidas por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en los fallos “ATE c/Ministerio de Defensa”, “Rossi c/ Hospital Naval” y “ATE c/ Municipalidad de Salta”, en los que fueron declaradas inconstitucionales", explicó Godoy.

En el informe de este año, además, la Comisión de Expertos analizó "numerosas violaciones a la libertad sindical, como la represión violenta de protestas gremiales, agresiones físicas y amenazas a trabajadores, detenciones, procesamientos y encarcelamiento de dirigentes, ataques a sedes sindicales; obstáculos y prohibiciones para realizar huelgas, sanciones, reemplazos y despidos, intervenciones e injerencias en la vida de las organizaciones, trabas para recaudar cuotas y multas por acciones directas durante la conciliación obligatoria", destacó el documento de prensa.

La Comisión también se refirió a "las denuncias de la CTA Autónoma y la CGT sobre injerencia del gobierno en los procesos electorales sindicales, como intervención de gremios -con designación de administradores externos-, demoras para certificar autoridades sindicales y el dictado de la disposición 17-E/17 de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), que ordenó excluir del registro gremial a las entidades que no hayan acreditado en tres años su actividad operativa", indicó Godoy.

Por último, puntualizó que "la única respuesta del gobierno fue proponer la conformación de comisiones para analizar esos temas, pero aún no se constituyeron".