A través de un documento con duras críticas a la administración de la alianza Cambiemos en torno a la política laboral, profesionales del derecho crearon el Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales. Rechazan la disolución del Ministerio de Trabajo y se oponen a la reforma laboral.

El nuevo agrupamiento denunció la violación por parte del gobierno nacional de los derechos vigentes en materia de empleo y repudiaron “el proyecto de reforma laboral y la que se lleva a cabo de forma encubierta a través de todo tipo de presiones a los sindicatos para modificar a la baja los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT)”.

Casos ejemplo comprueban esta realidad: el gremio de trabajadores marítimos (SOMU) viene denunciando que las cámaras empresarias intentan imponerles una modificación de su CCT como condición de un aumento salarial. El empresariado del sector busca “introducir la polivalencia funcional, una rebaja de los jornales de los días que los trabajadores pasan en tierra y la extensión de la jornada de trabajo”, explicó León Piazek, abogado del SOMU.

Por otro lado, los gremios aeronáuticos atraviesan un conflicto con el Estado nacional en Aerolíneas Argentinas, que tiene su contraparte en la apertura de vuelos comerciales para empresas extranjeras y low cost. De esta manera se intenta condicionar la negociación salarial y que los sindicatos acepten mayores flexibilizaciones. Para peor, la Secretaría de Trabajo otorgó personería gremial “en tiempo récord” a un sindicato del personal de la empresa Flybondi, al que el abogado de los pilotos de Aerolíneas calificó de “amarillo”, por su afinidad con el gobierno.

El foro de abogados cuenta con noventa profesionales del derecho especializados en el ámbito laboral como Héctor Recalde, diputado del Frente para la Victoria; Guillermo Gianibelli, defensor de trabajadores del subte; Hugo Moyano (h) por Camioneros; Héctor García, de la Central de Trabajadores de la Educación (CTERA); Noemí Rial, de Unión Ferroviaria; Paula Lozano, de Aceiteros; y Guillermo Pajoni, por la Federación judicial, entre otros.

En conjunto, denuncian “una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical” en torno a la intervención de sindicatos a través del Poder Ejecutivo, la persecución contra dirigentes gremiales y jueces del fuero laboral, represión de conflictos y medidas para impedir el derecho a huelga, como multas, conciliación obligatoria de manera exacerbada, y la actitud pasiva del Estado frente a los despidos masivos.