La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos

La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos

 La crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus en América Latina y el Caribe obliga a encarar respuestas urgentes, inmediatas.

Frente a una coyuntura tan grave, proseguir con el pago privilegiado de la deuda pública no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de nuestros pueblos.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben afirmar sin titubeos la disposición de todas las riquezas y los recursos naturales de titularidad de los pueblos, tal como lo consagran los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos (art. 75, inc. 22°, C.N.).

Es obligación de los Estados garantizar esa titularidad jurídica para poder atender la emergencia mediante:

i) La declaración por parte de los Estados del “estado de necesidad” (1)

ii) La suspensión inmediata del pago de capital e intereses de todas las deudas soberanas,

iii) Impulsar acciones internacionales consensuadas para legitimar aplazamientos de pagos y quitas imprescindibles en las deudas públicas, ante organismos multilaterales y acreedores privados.

Primero, la definición de la emergencia. Luego, los países periféricos deberán generar decisiones -basadas en investigaciones y auditorías públicas previas, meticulosas y transparentes- que lleven al necesario control de legalidad y legitimidad de los compromisos financieros, los eventuales requerimientos vinculados a la anulación de los mismos, la condonación total o parcial de deudas, las reestructuraciones y reprogramaciones de pagos de la deuda declarada legítima.

La prioridad es la salud de los pueblos: los recursos deberán estar disponibles para atender en primer lugar las consecuencias económicas y sociales de una crisis cuya dimensión ni siquiera podemos aún cuantificar

LA CRISIS SANITARIA Y LA DEUDA SOBERANA

El problema de la deuda soberana ha sido una limitante permanente a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestros países. Debe ser asumida como un instrumento de financiamiento con responsabilidad y claridad en relación a los fines para los que fuera destinada. Cuando deja de cumplir esos criterios se convierte en deuda eterna y solo instrumento para 1 el parasitismo especulativo, la exacción usuraria, y las permanentes crisis de las balanzas de pagos.

La historia reciente de nuestra región corrobora que en medio de crisis económicas y sociales de grandes proporciones, enormes sumas de dinero fluyeron -y fluyen- frente a cada vencimiento desde las arcas de los países deudores a manos de sus acreedores, coartando la posibilidad de atender tanto el financiamiento de su necesario desarrollo como sostener sus funciones básicas, como la garantía de salud, alimentación y educación para sus pueblos.

Hoy, cuando la vida de millones de personas en todo el mundo depende de la capacidad de respuesta universal de una salud pública sistemáticamente atacada durante décadas, queda en evidencia el obsceno sistema de valores en cual nos hemos estado moviendo.

Discutir condiciones de desarrollo y distribución de esfuerzos y resultados de nuestras economías sigue siendo ineludible. Se deben definir las prioridades, los recursos y el financiamiento para satisfacer las demandas de la sociedad -en el presente y en el futuro-, en forma paralela a un desarrollo equitativo y sustentable.

EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA: SUSTENTABILIDAD EXTERNA

Incluso en medio de la crisis sanitaria es necesario encarar una agenda que permita una solución definitiva al problema de la deuda, de cara al futuro, la que necesariamente debe contemplar:

a) Retomar iniciativas para el establecimiento de un marco legal, regional e internacional para la resolución de la deuda soberana y el combate a las prácticas extorsivas de “fondos buitre”, sentando las bases de una nueva arquitectura financiera internacional (2)

b)Impulsar una legislación que garantice, acorde a las condiciones de cada país, límites efectivos al endeudamiento en pos de la sustentabilidad externa de nuestras economías.

c) Encarar una estrategia, regional e internacional contundente contra la fuga de capitales y la existencia de guaridas fiscales, incluidas iniciativas (legislativas y políticas) para la fiscalización, tributación y recuperación de las riquezas fugadas, aportando al diseño de mecanismos de control, regionales e internacionales que impidan la continuidad del latrocinio a los recursos y el trabajo de los pueblos.

2 CONVOCATORIA

Este documento es un esbozo contributivo para un amplio llamado a la unidad de América Latina y el Caribe en este momento crítico. Está basado en la convicción de la existencia de un amplio consenso a favor de la más amplia participación democrática para responder en lo inmediato con medidas urgentes, y en perspectiva con acciones    solidarias y propuestas consensuadas acordes a esta grave encrucijada histórica.

Estando en circulación y firma el presente documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dado a conocer su Resolución 1/2020, de extensa fundamentación, ante la pandemia del COVID 19, cuyo punto resolutivo N° 18, establece: “Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que puedan amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos y equipos médicos esenciales y permitir el gasto público de emergencia prioritaria en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada la naturaleza trasnacional de la pandemia.” (3) En otros puntos de la Resolución se destaca el carácter imperativo de lo resuelto y su exigibilidad en atención a los principios del derecho internacional y regional de los derechos humanos.

Los firmantes comunicaremos el presente documento a los tres poderes que conforman los gobiernos democráticos latinoamericanos para que las decisiones que se adopten sean tomadas a tiempo, en consonancia con el estado de necesidad que afirmamos.

Notas: (1) En el derecho internacional el “estado de necesidad” es “el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave o inminente” (Anexo Recomendaciones de Resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2001).

(2) Entre otros: Principios Básicos de los Procesos Reestructuración de Deudas Soberanas (Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2015; Ley Relativa a la Lucha contra las Actividades de los Fondos Buitres de Bélgica http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/ 54/1057/54K1057005.pdf (3) Ver en http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.p